QUITO (22 de abril) - Representantes de la Asamblea de Afectados por Texaco denunciaron nuevos actos de corrupción perpetrados por la compañía Chevron.  El protagonista es ahora el ciudadano estadounidense John Connor, quien, por petición de Chevron, actuó como Perito en cinco inspecciones judiciales. Connor rindió recientemente una declaración juramentada ante un tribunal de Misisipi, donde afirmó que Chevron le ha pagado aproximadamente cinco millones de dólares por su trabajo en el juicio que se ventila en la Corte Provincial de Sucumbíos; es decir, al menos un millón por cada informe pericial. Este hecho parece corroborar lo dicho recientemente por Diego Borja, íntimo colaborador de la gigante petrolera, y orquestador del escándalo de los videos,  según quien “el crimen sí paga”, afirmaron voceros de los demandantes.

Luis Yanza, Coordinador de la Asamblea de Afectados, manifestó: “Por una falsa remediación ambiental realizada entre los años 1995 y 1998, Chevron desembolsó 40 millones de dólares.  Si consideramos que se practicaron 45 inspecciones judiciales, y Chevron pagó a los peritos un millón por inspección, nos encontramos ante la inconcebible e inmoral posibilidad de que Chevron haya gastada hasta la fecha, sólo para influir en los informes de los peritos para que éstos engañen a la Corte, 45 millones de dólares” . Connor afirma en su declaración que los dineros le fueron entregados directamente por Chevron, y no a través de la Corte como manda la ley y las prácticas procesales.  “Si solamente en influenciar a los peritos de la Corte la gigante puede haber gastado 45 millones, cuánto recibirán sus abogados, para quienes el obstaculizar y demorar el juicio parece haberse convertido en un jugoso negocio, mientras los afectados continúan viviendo a diario los funestos efectos de la contaminación dejada por Chevron”, concluyó Yanza.

Julio Prieto, otro de los abogados de los demandantes, agregó: “A esto debemos sumarle las millonarias cantidades que han gastado haciendo lobby en Washington para que se suspenda las preferencias arancelarias al Ecuador, más docenas de millones gastados en los múltiples arbitrajes en La Haya, en Londres, o en NY, con la intención de presionar al Gobierno para que interfiera en el poder judicial y detenga nuestro juicio. Chevron le ha declarado la guerra al Gobierno de Ecuador porque no puede ganar el juicio que le tenemos los ciudadanos en Lago Agrio”, recalcó Prieto.

Justino Piaguaje, dirigente de la nacionalidad Secoya, expresó su indignación  ante tal derroche de dinero por parte de la petrolera para esconder su crimen. “Texaco ha causado pobreza, sufrimiento, dolor y muerte en la Amazonía, y para engañar a la corte y esconder sus crímenes gasta millones pagando a expertos y abogados”. “Con todo el dinero que han gastado en defender sus delitos ya hubieran remediado al menos una parte de los daños en nuestras comunidades”, afirmó Piaguaje.

Asimismo Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, fue enfático en sostener  que es lamentable que una empresa como Chevron abuse de su poder económico para torcer la verdad, tratando de evadir la justicia y procurar que su crimen se quede en la impunidad. “Pienso que los jueces deben actuar con mayor diligencia, rectitud e imparcialidad, para evitar que miles de ecuatorianos queden en la indefensión”, dijo Fajardo.

Los demandantes afirman que los 40 años de historia de Chevron en Ecuador han estado marcados por la presencia sistemática de corrupción, incluyendo actos como los que fueron revelados por Diego Borja en las grabaciones de audio presentadas por representantes de la Asamblea de Afectados a los medios y autoridades locales e internacionales.  En estas grabaciones, Borja pone en tela de duda la legitimidad de los resultados químicos presentados por Chevron dentro del proceso, sugiriendo incluso que los laboratorios “independientes” usados por Chevron para sus análisis, serían de propiedad de la misma petrolera.

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